El Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional firmado en 1994. Está formado por 53 integrantes, incluida la UE, casi todos los países europeos, Turquía, Asia Central y Japón. El TCE protege todas las inversiones relacionadas con el suministro de la energía incluyendo minería, yacimientos de petróleo y gas, oleoductos, gasoductos y otras infraestructuras energéticas, refinería y centrales eléctricas. Proporciona a los inversores extranjeros del sector energético una amplia protección que va más allá de la protección que tiene cualquier empresa en virtud de la legislación nacional. También proporciona a los inversores extranjeros acceso a mecanismos de arbitraje privados como la cláusula de solución de las controversias entre Inversores-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). En lugar de tener que recurrir a los tribunales nacionales - como todo el mundo - los inversores pueden utilizar estos tribunales de arbitraje privados, formados por tres abogados especializados en inversiones. A través de este sistema pueden reclamar indemnizaciones millonarias, a veces miles de millones de euros. Hasta la fecha las empresas energéticas lo han utilizado para impugnar una serie de medidas estatales que han perjudicado sus beneficios.

• Los combustibles fósiles representan el 72% del suministro de energía en Europa y es necesario eliminarlos urgentemente para evitar una catástrofe climática.
• El TCE es incompatible con el Pacto Verde Europeo.
• Las disposiciones del TCE eliminan el riesgo de las inversiones privadas en la industria fósil mediante cláusulas que obligan a los Estados a hacerse responsables de cubrir cualquier activo o inversión que deje de ser rentable como consecuencia de las políticas climáticas nacionales.
• El cálculo de la compensación económica es mucho más favorable a los inversores bajo el TCE que bajo las legislaciones nacionales, sobre todo porque los inversores pueden reclamar compensaciones no solo por las inversiones que han llevado a cabo sino por los beneficios económicos que esperaban ingresar en el futuro. Estas disposiciones son incompatibles con la ambición europea de cero emisiones netas.
• En 2050, las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero protegidas por el TCE, si no se eliminan gradualmente los combustibles fósiles, equivaldrían a un tercio del presupuesto mundial de carbono restante para el período 2018-2050.

El TCE es el acuerdo que ha desencadenado más demandas de inversores extranjeros contra Estados signatarios a nivel mundial. En octubre de 2020 la Secretaría del TCE enumeró un total de 134 demandas. Sin embargo, los procedimientos de las demandas pueden mantenerse en secreto, por lo que el número real de demandas puede ser mucho mayor.

Se han presentado demandas contra los Estados por normativas ambientales, por medidas para aliviar situaciones de pobreza energética, por recortes en los subsidios a determinadas fuentes de energía y por cambios a los impuestos. Recientemente, hemos visto una serie de casos en los que el TCE se ha utilizado contra los gobiernos que toman medidas para limitar el uso de los combustibles fósiles.

• La empresa petrolera británica Rockhopper demanda a Italia por prohibir la extracción de petróleo en las aguas costeras del país, reclamando siete veces la suma que la empresa invirtió inicialmente.
• La empresa canadiense Vermilion amenazó con demandar a Francia por un proyecto de ley para poner fin a la extracción de combustibles fósiles en 2040. Los objetivos de la ley se debilitaron considerablemente.
• En otoño de 2019, la empresa alemana Uniper anunció que demandaría a los Países Bajos y que reclamaría una compensación millonaria si el país aprobaba una ley para eliminar las centrales eléctricas de carbón de forma gradual.
• En 2009, la compañía sueca Vattenfall utilizó el TCE para demandar a Alemania y reclamar 1.400 millones de euros por las normas medioambientales impuestas a una central eléctrica de carbón. Según las administraciones, debido a la cantidad que estaba en juego el gobierno local se vió obligado a debilitar las normas inicialmente propuestas y resolver el caso, exacerbando los impactos ambientales que la planta tendrá en el río Elba y la vida silvestre. Con la segunda demanda de Vattenfall contra Alemania -todavía en curso- la empresa reclama 6.100 millones de euros al país por poner fin a la energía nuclear tras el desastre de Fukushima.
• Ascent Resources, una empresa de gas del Reino Unido, ha iniciado oficialmente los procedimientos para interponer una demanda contra Eslovenia por la adopción de medidas para proteger las aguas subterráneas de la fractura hidráulica. Se espera que Ascent Resources exija más de 50 millones de euros a Eslovenia por daños y perjuicios. La empresa planeaba extraer gas del yacimiento de Petišovci, en el este de Eslovenia. Sin embargo, las actividades no pudieron comenzar ya que el Organismo Esloveno de Medio Ambiente solicitó una evaluación del impacto ambiental, necesaria para obtener un permiso ambiental. Estas medidas eran obligatorias debido a la ubicación de las operaciones de fracking cerca de fuentes de agua críticas, lo que representaba un peligro para la salud de la población local.

Se espera que surjan más casos una vez que los países comiencen a implementar medidas encaminadas a alcanzar sus compromisos climáticos. Las minas de carbón y las centrales eléctricas tendrán que ser cerradas, las operaciones de petróleo y gas tendrán que ser cesadas, e incluso las nuevas infraestructuras de gas que están siendo construidas tendrán que ser desmanteladas mucho antes del fin de su vida útil. En muchos casos, los inversores podrán utilizar la TCE para reclamar indemnizaciones millonarias. Un uevo informe del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED) ha cuantificado, por primera vez, los efectos que el TCE podría tener en la eliminación progresiva del carbón. Los resultados apuntan que sólo este tratado protege 51 centrales eléctricas de carbón.

El sistema de energía debe transformarse de manera integral y rápida para lograr la neutralidad climática. Si el TCE continúa protegiendo las inversiones en combustibles fósiles, no será posible lograr este objetivo: elevará el coste de la transición energética y ralentizará la toma de decisiones necesarias. Incluso la amenaza de demanda bajo el TCE puede ser suficiente para persuadir a los gobiernos a que rebajen o detengan las regulaciones encaminadas a apoyar la transición energética. El TCE es una herramienta poderosa en manos de la industria fósil.

Para más información sobre los peligros del TCE y el ISDS en otros acuerdos de inversión:

Tienhaara, Kyla (2018). Regulatory Chill in a Warming World: The Threat to Climate Policy Posed by Investor-State Dispute Settlement. Transnational Environmental Law, 7:2 (2018), pp. 229–250.

Kyra Bosa, Joyeeta Gupta (2019). Stranded assets and stranded resources: Implications for climate change mitigation and global sustainable development. Energy Research & Social Science, Volume 56, October 2019, p. 8.

OpenExp (2019). The Energy Charter Treaty (ECT). Assessing its geopolitical, climate and financial impacts. September 2019.